Gobierno toma atención a 22 conflictos sociales en el país

Oficina de Conflictos de la PCM no sólo busca soluciones entre el Ejecutivo, Gobiernos Regionales, Municipios y otras instancias, sino que toma medidas preventivas en otros casos

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PCM pone el ojo en conflictos sociales
PCM pone el ojo en conflictos sociales
Imagen de Redacción LimaPor: Redacción Lima
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Si bien las movilizaciones antimineras en Cajamarca y en la cusqueña Espinar continúan en la retina de los peruanos debido a las muertes y pérdidas económicas que generan, existen una veintena de conflictos sociales que están a punto de llegar a su punto máximo de ebullición.

Ante este panorama, la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) gestiona y coordina alternativas y soluciones con el Ejecutivo, los gobiernos regionales, los municipios y los frentes de defensa.

"Nuestra labor es monitorear los conflictos que surgen en diferentes localidades, pero tienen que ser resueltos en forma multisectorial. Lo cierto es que hay 22 conflictos activos que pueden afectar la gobernabilidad, algo que no queremos que suceda", explicó el jefe de dicha oficina, Víctor Caballero al diario Correo.

Según el funcionario, se han identificado un total de 67 conflictos sociales, entre agrarios y forestales, de demarcación territorial, laborales, energéticos y mineros.

"Nuestra meta es estabilizar la situación de Espinar (Cusco) y Cajamarca a fin de llegar a una solución con resultados interesantes para la población; sin embargo, hay otros conflictos que merecen atención", informó.

MUCHO OJO. Son en total 13 los conflictos de naturaleza antiminera que están "en rojo"; según un documento oficial de la PCM, cunde la desinformación en torno a ellos.

En Tacna, el proyecto Pucamarca, de la empresa minera Minsur, tiene encima a la municipalidad provincial, que se queja de una supuesta contaminación del canal de agua que abastece a la ciudad. La citada oficina de la PCM logró recientemente que las partes entren en negociación.

En Áncash, por ejemplo, se ha prestado especial atención al reclamo de municipalidades de centros poblados que no levantan las banderas de la contaminación, aunque sí exigen a la empresa minera Antamina que financie obras sociales, pues no están comprendidas en el ámbito de influencia de la empresa.

Según Víctor Caballero, la cuenca del Ramis (Puno) es una de las zonas más sensibles, pues la minería informal, además de contaminar, se niega a entrar a la legalidad.

Aquí la zona afectada es San Antonio de Putina-Ananea, y la situación ha sido catalogada por la PCM de "conflicto potencial". La Fiscalía, el Ministerio del Interior y el sector Defensa esperan ejecutar un plan de interdicción.

Otro conflicto potencial se ubica en la zona de Canchis (Cusco), donde los pobladores aseguran que, por la construcción del proyecto energético Salkapukara, serán irremediablemente desplazados de sus viviendas, por lo que piden la cancelación de la extracción minera.

FACTOR MOVADEF. Según Víctor Caballero, si bien en muchos casos hay demandas legítimas, también se ha detectado la presencia de grupos radicales y subversivos que pueden estar detrás de las protestas en Cajamarca, Cusco y Puno.

Precisó que en estas regiones hay presencia de militantes del grupo prosenderista Movadef, que también estuvo detrás de la revuelta antiminera en la cusqueña Espinar.

"Sí, hay evidencias de que (el Movadef) está en las protestas sociales, pero esa es función de los fiscales, que deben cumplir con seriedad su rol de fiscalizar e investigar. Considero que aquí hay responsabilidad compartida de todos los liderazgos", sostuvo.

Según información que el Ministerio del Interior entregó a la PCM, el Movadef penetró en las Asociaciones de Padres de Familia de Junín, que recientemente se plegaron al paro del SUTEP.

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