Hoy se cumplen tres años de uno de los sucesos más luctuosos de la historia reciente: Una protesta medioambiental en la nor-oriental región de Bagua (Amazonas) dejó 34 personas muertas, entre ellas 24 policías.
A la luz de las radicales protestas que hoy vive el país en Espinar (Cusco) y Cajamarca, cabe preguntarse si el denominado «Baguazo» fue una lección para todos y si hemos aprendido de ella.
Por lo pronto, hasta este tercer aniversario, ninguna de las personas sindicadas como responsables de las muertes y de la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán Soles ha recibido una sanción judicial. Los procesos caminan a paso de tortuga.
Lo peor de todo, sostiene el abogado Oswaldo Arroyo -procurador ad hoc del caso «Baguazo»-, es que los magistrados y fiscales parecen haberse quedado estancados en el tiempo.
«Entiendo que hay diversos casos que tratar, pero en un caso tan emblemático como el ‘Baguazo’ las autoridades fiscales y judiciales deberían tratar de hallar a los responsables«, señala Arroyo.
Igual que hace un año, Arroyo lamentó que el PJ no haya puesto atención a sus quejas respecto a la condición que tienen los magistrados en los despachos.
«Todos los jueces que evalúan este caso son jueces suplentes, quizá por eso se demoran los procesos. Como tienen esa condición, prefieren no tomar decisiones rápidas para no perder su colocación«, sostuvo.
El procurador recordó que la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) abrió una investigación por la demora en la tramitación de los cuatro procesos vigentes de este caso.
Sin embargo -añadió- no ha habido ninguna mejora para identificar a los responsables de las muertes.
EL CASO BAZÁN. Precisamente, uno de los aspectos del «Baguazo» que espera una pronta resolución es la desaparición del mayor de la PNP Felipe Bazán.
Según el procurador Arroyo, si el órgano jurisdiccional tomara decisiones rápidas, se podría condenar con cadena perpetua al inculpado en este caso.
Añadió que en el tema de Bazán, el año pasado se volvió a tipificar el delito y pasó de homicidio calificado a secuestro agravado, lo que significaría la cadena perpetua para sus autores, según nuestro Código Penal.
«Ahora será considerado secuestro seguido de muerte y ello implica una cadena perpetua. Actualmente, nuestro pedido subió a consulta a la Sala Superior para que confirme la validez del delito», indicó.
Arroyo dijo que espera que las instancias del Poder Judicial no objeten la variación, pues el caso de Bazán se trata de un servidor público que fue desaparecido por las turbas nativas que se levantaron contra el Estado.
OTROS CASOS. A tres años del «Baguazo» existen otras investigaciones que se encuentran en la Fiscalía y el PJ. Una de ellas es la toma de la estación petrolera número 6 por la que cinco personas se encuentran con orden de captura: Simón Wieiu, Alberto Tuwit, Pedro Tuwit, Eugenio Atamayin y Rodolfo Atamayin.
En este proceso se encuentra comprendido el exlíder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango.
En el proceso llamado «Curva del Diablo» están requisitoriados Joel Shinpukat y Merino Trigoso Pinedo; mientras que Feliciano Cahuasa y Danny López tienen detención preventiva.