Fiscal Peláez: Fallo del TC frena medidas unilaterales contra la inversión minera

Magistrado José Peláez sostuvo que resolución de organismo constitucional sienta un precedente para evitar que por una ordenanza regional se impida la inversión como se pretendió con el proyecto Conga

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Fiscal José Peláez
Fiscal José Peláez
Imagen de Redacción LimaPor: Redacción Lima
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El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional la ordenanza regional contra el proyecto Conga, sienta un precedente que frenará eventuales medidas unilaterales contra la inversión minera, declaró el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales.

El magistrado sostuvo que la sentencia del TC sienta una jurisprudencia que podrá ser aplicada ante normas similares a la que adoptó en su momento el gobierno regional de Cajamarca.

Peláez Bardales, quien presentó la demanda contra la citada ordenanza, ratificó que los gobiernos regionales no tienen facultades para tomar decisiones sobre la gran minería, toda vez que solo al Gobierno central le corresponde ejecutar la política general de minería en el país.

“En un Estado de Derecho todas las instituciones tienen funciones específicas y no se puede estar invadiendo los fueros que la Constitución confiere (…) la ordenanza del gobierno de Cajamarca rebasaba sus facultades y violaba las del Gobierno central”, dijo en el programa de radio Los Fiscales.

CASO SANTOS De otro lado, Peláez Bardales, indicó que los fiscales trabajan para esclarecer algunas investigaciones que ha llevado a cabo la Contraloría sobre la supuesta utilización de dinero del Gobierno Regional de Cajamarca para las marchas de protesta en contra el proyecto Conga.

“De encontrarse indicios se procederá a la denuncia correspondiente”, expresó.

El Ministerio Público formalizó investigación preparatoria contra el presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y contra seis funcionarios de esa entidad, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso, peculado de uso y malversación de fondos en agravio del Estado.

La medida se adoptó al encontrarse indicios del uso de recursos del Gobierno Regional de Cajamarca para financiar actividades políticas vinculadas al paro regional del 9 de noviembre de 2011.

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